Es así que ‘Cayaltí’, ‘venta de acciones’, ‘Ley Oviedo’, pasaron a convertirse en palabras interesantes en mi día a día. ¿Qué decían aquellos avisos? Se pedía, pues, que el Estado venda efectivamente sus acciones en las azucareras Cayaltí (donde el proceso de valoración de acciones estaba más avanzado), Pomalca y Tumán. Estas azucareras se encuentran bajo administración judicial del Grupo Oviedo (aunque éstos no tengan la mayoría accionista). Ahora bien, ¿cuál es el problema?
El Estado debía vender sus acciones antes del 31 de diciembre, puesto que la Ley de protección patrimonial (con la cual los accionistas y el mismo Estado no podían embargar a Oviedo si no cumplían con sus compromisos de pago). Cabe indicar que el Estado posee 32,33% de las acciones de Cayaltí, 32,88% de Pomalca y 7,21% en Tumán. Sin embargo, desde el Congreso y, para ser más específicos, desde la bancada aprista, nacionalista y fujimorista se aprobó la llamada ‘Ley Oviedo’, la cual extiende esta protección por 12 meses más y evita que el Estado venda sus acciones ‘hasta encontrar condiciones favorables en el mercado’.
¿Condiciones favorables? Empresas azucareras como Casa Grande (la cual pertenece al Grupo Gloria) facturan ganancias importantes para el sector agroexportador peruano. Empresarios como esos podrían estar interesados en comprar estas acciones y lo harían por un precio bastante razonable. Sin embargo, y he aquí el meollo del asunto, los Oviedo pretenderían mantener el control de estas azucareras para no perder la posición de poder que ostentan en estas.
Los Oviedo, amparados por la Ley de Protección Patrimonial, no pagan a sus trabajadores ni al Estado: Deben S/. 90 millones a la SUNAT, IPSS Y ONP; S/. 80 millones, a la AFP´s; a los trabajadores y jubilados S/.120 millones de planillas, más S/.150 millones de CTS. Desde que entraron el 2004 en Pomalca hay pérdidas acumuladas de S/.143 millones: 36 en el 2004, 25 en el 2005, 21 en el 2006, 31 en el 2007 y 29 en el 2008.
Aquí viene a colación el inicio de este texto: los avisos eran de ‘trabajadores’ que reclamaban un lobby de parte de los que estaban a favor de la venta de acciones del Estado a favor del Grupo Gloria. Estos ‘trabajadores’ (lo pongo entre comillas porque los avisos pagados no siempre dicen la verdad) pedían que el Estado les venda directamente las acciones sin intervención de terceros (como Gloria, por ejemplo). ¿Qué impide que estos ‘trabajadores’ obtengan estas acciones (con qué dinero, ganarán a lo sumo S/.500 o S/.600) venderlas a Oviedo o a algún testaferro y continuar con el círculo vicioso? ¿O vendérsela a algún otro grupo que esté, consciente o inconscientemente (quiero creerlo), creando un moderno latifundio?
Al final del día, somos los consumidores los que pagamos las consecuencias de las idas y venidas de nuestro querido Congreso y sus (salvo contadas excepciones) ‘notables’ miembros.
